La Justicia federal de Tucumán avanza con la pata local de la causa en la que se investiga posibles cobros irregulares y el uso político del programa de inclusión laboral conocido como Potenciar Trabajo.

La Fiscalía Federal N°2, con el fiscal Agustín Chit a la cabeza, requirió al Gobierno provincial 1.135 legajos de empleados estatales que habrían percibido el beneficio. La situación implica una incompatibilidad, porque la contención estaba destinada a desocupados o precarizados.

En el Poder Ejecutivo están recabando esos datos, porque los trabajadores que figuran en los listados estaban dispersos en distintas áreas y ministerios: había desde policías y guardiacárceles hasta administrativos de distintas oficinas.

Chit pidió, además, una serie de declaraciones de funcionarios nacionales. En los despachos judiciales tratan de dilucidar todos los detalles acerca del funcionamiento del programa: cómo y con qué criterios se asignaba el beneficio; cómo eran los sistemas de control; cómo se pagaba y cómo se efectuaba la contraprestación, entre otros aspectos.

Desde el inicio de la investigación, en los Tribunales de Buenos Aires, se había hablado de un número mayor de casos anómalos en Tucumán. Según la versión de la Provincia, habían depurado las cantidades que se mencionaban en los medios nacionales y que el total de investigados sumaban finalmente 702. Unos 200 se habían caído por la eliminación de la Unrel (Unidad de Reconversión Laboral) y otros, porque eran contratados que tenían vínculos con vigencia hasta octubre. El monto mensual extra que percibían de bolsillo era de $78.000.

Estimaciones oficiales dan cuenta de que serían 71.000 los tucumanos que cobraban el plan en total. De ellos, 48.000 estaban en manos de organizaciones sociales, cooperativas y fundaciones. El resto, eran cupos en municipios y comunas centralizados por la Dirección de Unidad de Gestión de Proyectos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

Sumarios

A fines de enero, tras el escándalo inicial, por orden del gobernador Osvaldo Jaldo se habían iniciado sumarios administrativos a los agentes cuestionados. El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, detalló entonces a LA GACETA que los expedientes siguen su curso para tratar de determinar por qué estos empleados percibían esa ayuda social.

La auditoría del Ministerio de Capital Humano volteó en un primer momento 27.000 beneficios por diferentes motivos. Algunas de las incompatibilidades que se evidenciaron por el cruce de información entre las bases de la Anses y del Sinstys (Sistema de identificación nacional tributaria y social) fueron que los que estaban en los registros del Potenciar cobraban también recibían jubilaciones o pensiones; eran monotributistas categoría C o superior; residían en el exterior o poseían bienes como un auto con menos de 10 años de antigüedad. Entre estos casos estaban los estatales.

Antes, el 25 de octubre pasado el fiscal federal Guillermo Marijuan le había solicitado a la entonces ministra Victoria Tolosa Paz la baja de 159.919 personas que cobraban el Potenciar y que habían salido del país en cruceros, barcos, aviones, micros y autos y hasta aviones privados.

Reconversión

La semana pasada, la Nación decidió dar de baja el Potenciar y suplantarlo por dos programas llamados “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”. En un comunicado, la cartera de Capital Humano había consignado que se tomó la determinación porque se trató de un plan “ineficaz” porque, argumentó, de los 1.400.000 ciudadanos inscriptos apenas el 1,3% habría conseguido un empleo formal.